08/05/2014

REPORTE ESPECIAL-Documentos sugieren que compañías extranjeras ayudaron a dictadores brasileños

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Por Brian Winter

SAO PAULO, 5 ago (Reuters) - Cuando João Paulo de Oliveira fue despedido en 1980 por Rapistan, un fabricante de bandas transportadoras basado en Michigan, sus problemas apenas comenzaban.

En los años siguientes, la dictadura militar que gobernaba Brasil lo arrestó o detuvo unas 10 veces. Automóviles de la policía pasaban por su casa en los suburbios industriales de Sao Paulo, dijo, y oficiales hacían gestos de cortarle la garganta o le apuntaban con armas.

¿El aparente delito de Oliveira? Ser un organizador sindical en una época en que los militares consideraban las huelgas como equivalentes a la subversión comunista.

"Solía bromear que mi casa era la más segura del barrio, con toda esa policía", dijo Oliveira, ahora de 63 años. "Pero era duro, muy atemorizante, como tortura psicológica", agregó.

Y peor, dijo, los fabricantes locales se negaron a contratarlo por años, citando vagamente su pasado. A otros colegas les ocurrió lo mismo. "Siempre sospechamos que las compañías pasaban información sobre nosotros a la policía", comentó.

"Pero nunca lo supimos con certeza", agregó.

Nueva evidencia sugiere que las sospechas de Oliveira tenían fundamento.

Una comisión designada por el Gobierno que investiga abusos durante la dictadura de Brasil (1964-1985) halló documentos que dice muestran que Rapistan y otras compañías ayudaron en secreto a los militares a identificar sospechosos "subversivos" y sindicalistas en sus planillas. Entre aquellos identificados está Oliveira. No está previsto que el reporte oficial sea publicado antes de diciembre, pero la comisión permitió a Reuters revisar la evidencia que involucra a las firmas a medida que la investigación se acerca a su fin.

Compañías extranjeras y locales están citadas en los documentos, incluidos algunos de los mayores fabricantes de automóviles: Volkswagen AG, Ford Motor Co, Toyota Motor Corp y la unidad Mercedes-Benz de Daimler AG, entre otros.

Ninguna compañía ha sido acusada de un delito. Si colaboraron con la dictadura, y hasta qué punto, está en discusión.

No obstante, activistas de los derechos humanos y algunos trabajadores nombrados en los documentos dicen que podrían presentar demandas civiles u otras acciones legales como resultado de las conclusiones de la comisión.

Algunos trabajadores quieren que las compañías paguen indemnizaciones por salarios perdidos. Otros, como aquellos que dudan que los hallazgos de la comisión sean lo suficientemente concluyentes para un caso judicial, dicen que quedarán satisfechos con una disculpa.

La Comisión Nacional de la Verdad fue creada en el 2012 por la presidenta Dilma Rousseff, una ex militante de izquierda que fue encarcelada y torturada por los militares a comienzos de la década de 1970.

La comisión tiene como tarea aportar nueva evidencia sobre los abusos de la época y quién fue responsable.

La dictadura, que contaba con el apoyo de Estados Unidos, mató a unas 300 personas, y torturó o encarceló a miles, como parte de lo que veía como una lucha para evitar que los izquierdistas convirtieran a Brasil en una versión mucho más grande de la Cuba de Fidel Castro.

Rousseff, quien buscará la reelección en octubre, ha expresado esperanza de que un mayor registro histórico ayudará a asegurar que Brasil, ahora una vibrante democracia y potencia económica emergente, nunca repita los errores de esa época.

Las empresas en general se beneficiaron de las políticas conservadoras de la dictadura. Los académicos han creído por mucho tiempo que compañías locales y multinacionales ayudaron al régimen a identificar empleados que fomentaban la agitación laboral o que representaban una supuesta amenaza a la estabilidad.

Ahora, los investigadores de la comisión descubrieron evidencia que creen prueba esa relación.

"LA LISTA NEGRA"

Los documentos no son un registro completo de la represión estatal durante la dictadura. Algunos documentos de esa época fueron quemados por los militares o desaparecieron; algunos fueron hallados el último año en la casa de ex oficiales tras su muerte; otros están diseminados en archivos estatales.

El descubrimiento más preciado de la comisión hasta la fecha es un documento hallado en los archivos estatales de São Paulo que los investigadores llaman informalmente "la lista negra".

La lista escrita a máquina contiene los nombres y direcciones de unos 460 trabajadores de 63 compañías en un área de la ciudad que a veces es llamada "el Detroit de Brasil" porque varias automotrices extranjeras están basadas allí.

La lista, que data de comienzos de la década de 1980, fue recopilada por el Departamento de Orden Político y Social, o DOPS, una agencia de inteligencia policial que existía principalmente para vigilar y reprimir a simpatizantes de izquierda.

Los historiadores dicen que el DOPS detuvo a un número indeterminado de personas, incluída Rousseff, y torturó a muchas.

Empleados de Volkswagen comprendían la mayoría en la lista del DOPS, con 73 nombres. Mercedes-Benz era segunda con 52.

El documento no dice para qué usó el DOPS la lista, o qué criterio se utilizó para seleccionar los nombres. El documento tampoco indica cómo el DOPS obtuvo la información.

Rosa Cardoso, una abogada que dirige el subcomité de investigación de abusos contra obreros en la comisión de la verdad, dijo que la lista parece haber sido usada para controlar activistas laborales en un momento en que los sindicatos en el área de Gran São Paulo se volvían más firmes en sus demandas por mejores salarios y condiciones de trabajo.

El documento, o una versión de él, habría circulado por las compañías para evitar que los empleados consiguieran trabajo en otros lados tras ser despedidos, dijo la abogada, basada en entrevistas que la comisión realizó.

La lista incluye información registrada que, dice Cardoso, solo podría haber sido entregada por las compañías. Más de la mitad de las anotaciones en la lista incluyen el área de las fábricas donde estos empleados trabajaban.

Esa información, en letra manuscrita al lado de los nombres de los trabajadores, es demasiado específica, indicando la función del departamento ("Mantenimiento") o su denominación interna ("Sector 4530").

"Es una prueba de que esas compañías conspiraron para reprimir a sus trabajadores", dijo Cardoso.

Algunos académicos advierten que es posible que la información del trabajador se haya obtenido por otros medios, por ejemplo, vía informantes en los sindicatos, o el mismo DOPS. Consultada sobre estas explicaciones alternativas, Cardoso dijo: "No en estos números, con este detalle".

Algunos documentos descubiertos por la comisión indican más claramente que las compañías pasaban información a los militares.

Investigadores hallaron una carta de dos páginas de la policía civil de São Paulo al DOPS, fechada el 9 de marzo de 1981, con respecto a David Rumel, en aquel entonces un médico del sindicato de los trabajadores del metal.

La carta incluye la fecha de nacimiento de Rumel y la dirección de su casa, pero está mayormente enfocada en su pasado izquierdista. Señala que se unió al Partido Comunista de Brasil cuando era estudiante en 1971 y fue encarcelado por cinco meses desde 1975 a 1976.

En la misiva, la policía dice que la información fue "recolectada por los servicios de seguridad de Volkswagen Brasil".

El nombre de Rumel no aparecía en la "lista negra". Intentos de encontrarlo fueron infructuosos.

En respuesta a las detalladas preguntas de Reuters sobre si entregó ese tipo de información a los militares, Volkswagen Brasil dijo que no había sido contactada aún por la comisión. Sin embargo, en un hecho que debe de ser el primero de su tipo en Brasil, Volkswagen dijo que iniciaría su propia investigación.

"Sin conocimiento de los documentos concretos no podemos responder a todas sus preguntas", dijo el portavoz Renato Acciarto en un correo electrónico. "Pero Volkswagen investigará todos los indicios para obtener más información de la compañía y de las instituciones estatales durante el período militar", agregó.

"Volkswagen arrojará luz sobre este tema para lograr un conocimiento completo" de lo que sucedió, escribió.

Cheryl Falk, una portavoz de Dematic Group con sede en Luxemburgo y que ahora es propietario de Rapistan, dijo que la firma "no tenía documentación ni registros" con respecto a empleados de su unidad brasileña en la década de 1980.

Añadió: "Valoramos a nuestros empleados y respetamos su privacidad, y no aprobamos la conducta que afirma" la comisión de la verdad.

Un portavoz de Mercedes-Benz en Brasil dijo que la compañía "no confirma" que dio información a los militares y que "tiene entre sus valores (...) la protección de la información personal de sus empleados".

Ford declinó realizar comentarios. Toyota y Fiat, ahora dueña de Chrysler, dijeron que no tenían registros de potenciales abusos durante esa época. "Nos gustaría recordarles que estamos hablando de un período de hace más de 30 años", dijo Erick Boccia, portavoz de Toyota.

UN OPERADOR DE TORNO EN LA LISTA

Reuters entrevistó a 10 personas cuyos nombres aparecen en la "lista negra". La mayoría dijo haber sido despedido de las compañías a comienzos de la década de 1980, aproximadamente el momento en que apareció el documento. Algunos dijeron que fueron arrestados al menos una vez, a veces en los piquetes. La mayoría habló de problemas para conseguir trabajo después de ello.

Ninguno de los trabajadores dijo que fue torturado o estuvo por un tiempo prolongado en prisión en los años siguientes a la aparición de la lista.

Eso está alineado con las conclusiones de los historiadores de que las tácticas más duras de los militares habían cesado en gran parte para mitad de la década de 1970, ya que los números en los grupos guerrilleros disminuyeron y generales más moderados ganaron influencia.

Manoel Boni, de 59 años, dijo que fue despedido por Mercedes-Benz tras participar en una huelga en 1980. En los años siguientes, se presentó para cargos como operador de torno en otras automotrices fuera de São Paulo, incluyendo algunas que habían abierto esas posiciones.

Las compañías declinaron contratarlo. Boni dijo que dependió por largos períodos de las iglesias o la ayuda de sus amigos. Eventualmente halló trabajo en una pequeña fábrica cerca del centro de Sao Paulo, a unos 20 kilómetros.

Cuando Reuters le mostró la lista, que Boni vio por primera vez, dijo: "Mi Dios, mi Dios".

"Sector 381", dijo, leyendo en voz alta la anotación manuscrita al lado de su nombre. "Sí, eso era inspección de calidad, donde yo trabajaba", explicó.

Hizo una larga pausa, leyendo los otros nombres. "Muchas cosas tienen sentido ahora", dijo finalmente.

Keiji Kanashiro, de 70 años, era un asesor económico de Mercedes antes de perder su trabajo en 1980. En los años siguientes, dijo que con frecuencia enviaba 20 currículum a la semana, sin resultados.

Kanashiro dijo que una vez se reunió con un representante de recursos humanos de otra gran automotriz extranjera en la zona de Gran São Paulo. "Me dijo, 'estás en una lista, y nunca volverás a trabajar en el sector privado'", comentó Kanashiro.

No todos los de la lista tuvieron tan malas experiencias. Geovaldo Gomes dos Santos, quien trabajaba en prevención de accidentes para Volkswagen, dijo que sintió que sus jefes quisieron deshacerse de él a principios de la década de 1980. Pero se mantuvo en su trabajo y se retiró de la compañía en el 2003.

Aún así, tiene claros recuerdos de esos duros años. "Si apoyabas al sindicato, te trataban como a un insecto", dijo. "Quisiera ver algo de justicia por lo que le sucedió a otros", añadió.

LEY DE AMNISTÍA COMPLICA LAS COSAS

La gran pregunta que pende sobre el trabajo de la comisión es qué tipo de justicia es posible.

A diferencia de otros países sudamericanos que también experimentaron dictaduras, en Brasil nunca hubo un esfuerzo para investigar abusos graves.

Eso es en parte porque los militares brasileños mataron a muchas menos personas que sus colegas regionales. El régimen militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 asesinó hasta unas 30.000, según datos de organizaciones de derechos humanos, 100 veces más la cifra de fallecidos en Brasil, en un país con casi un quinto de la población.

El Ejército brasileño también pudo negociar una amnistía para proteger a sus líderes de juicios antes de devolver el poder a los civiles en 1985.

Como resultado, algunos juristas son cautos sobre las posibilidades de demandas judiciales exitosas.

"En teoría, si una compañía contribuía o se beneficiaba de una violación a los derechos humanos, puede ser hecha responsable", dijo Marlon Weichert, fiscal y especialista en ley internacional de derechos humanos en el Ministerio Público de Brasil, un órgano judicial que puede presentar un caso basado en los hallazgos de la comisión.

Informado sobre el trabajo de la comisión de la verdad hasta la fecha, Weichert dijo en un correo electrónico que los hallazgos eran "importantes", pero enfatizó que necesitaría ver la evidencia completa antes de decir o precisar cómo podría presentarse un caso contra las compañías.

El año pasado, fiscales en Argentina presentaron cargos criminales contra tres ex ejecutivos de Ford que supuestamente dieron nombres, direcciones y fotografías de trabajadores a las fuerzas de seguridad del país durante la dictadura. Algunos de estos trabajadores fueron encarcelados y torturados.

Los tres hombres niegan los cargos y se declararon no culpables. El caso está aún en la justicia.

Mientras tanto, la comisión de la verdad de Brasil podría convocar o invitar a las compañías que figuran en la "lista negra" a dar su versión de la historia en las próximas semanas, dijo Sebastião Neto, quien supervisa la investigación sobre las firmas.

"HAY QUE PROBARLO"

Otros piensan que la comisión está exagerando sus cartas.

Augusto Portugal, un ex empleado de Rolls-Royce que figura en la lista, espera indemnizaciones de las compañías. Pero le preocupa que, si la comisión solicita sus testimonios basada en evidencia no concluyente, eso podría causar que las firmas se escuden tras una pared de silencio y abogados.

Portugal entrevistó a más de 30 personas en la lista mientras hacía su tesis de posgrado sobre el tema, y dice que no está completamente claro de dónde vino la información. "Es obvio que las compañías colaboraron" con los militares, dijo. "Pero hay que probarlo", agregó.

Tampoco está claro cuánto apoyará Rousseff, pese a su pasado, los esfuerzos por llevar a juicio a los responsables. Algunos en su partido querían incluir apoyo por una "revisión" de la amnistía de 1979 en su plataforma oficial de reelección. Pero esa propuesta encontró resistencia de algunos de los asesores de la presidenta, quien ya tiene las manos ocupadas con una economía estancada y popularidad en declive.

Otros dicen que la atención pública dada a la comisión de la verdad ha sido su propia recompensa, al generar un debate público sobre los crímenes de la dictadura.

O Globo, un diario que es parte de un imperio mediático que defendió a la dictadura, publicó un editorial el año pasado diciendo "que apoyar fue un error", lo que generó especulaciones de que otras compañías podrían seguir su ejemplo.

En tanto, algunos en la lista se consuelan con que al final, sin dudas ganaron.

La agitación laboral en las automotrices en São Paulo terminó extendiéndose, debilitando a la dictadura y llevando a una transición a la democracia en 1985. El movimiento sindical, animado, creó un nuevo partido político: el Partido de los Trabajadores.

Uno de sus fundadores, el líder obrero Luiz Inácio Lula da Silva, se convirtió en presidente de Brasil en el 2003. Rousseff es también miembro del partido y Brasil ahora tiene algunas de las leyes laborales más extensas del mundo.

"Lula siempre nos dijo que, para realmente imponernos en nuestra lucha, necesitábamos fundar un partido e intentar cambiar la sociedad", dijo Kanashiro, el ex trabajador de Mercedes en la lista, quien ahora es un funcionario del Partido de los Trabajadores en Brasilia. "Nunca pensamos que podría pasar tan rápido. Pero eso no cambia el hecho de que queremos justicia por esos abusos", concluyó. (Editado en español por Patricia Avila y Juana Casas)

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