07/12/2014

La situación de los presos de ETA, en manos de los jueces

ETA-PRESOS:La situación de los presos de ETA, en manos de los jueces

BILBAO, 12 jul (Reuters) - Desde el pasado mes de marzo, la mayor parte de los 475 presos de ETA agrupados en el colectivo denominado EPPK han solicitado a Instituciones Penitenciarias acogerse a los beneficios que prevé la ley.

La respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido siempre negativa, por lo que los jueces tienen la última palabra.

Primero lo hicieron los presos enfermos, en solicitud de prisión atenuada. Después el resto, pidiendo su acercamiento a cárceles cercanas al País Vasco: la prisión alavesa de Zaballa en el caso de España, y la de Mont de Marsans en el caso de los exmiembros de ETA recluidos en Francia.

Esta iniciativa había sido anunciada el pasado 28 de diciembre en un comunicado del colectivo de presos, en el que aceptaron por primera vez la legislación penitenciaria española, renunciaban a la utilización de la violencia y asumían su responsabilidad por sus actuaciones en el pasado.

Apenas una decena de presos "díscolos" se han negado a redactar solicitud alguna, según fuentes cercanas al proceso consultadas por Reuters.

Ninguna de las peticiones realizadas en España ha recibido respuesta, más allá de las negativas de las juntas de tratamiento de las prisiones. En sus revisiones semestrales, estas se limitan a señalar que no hay cambios en la situación penitenciaria de los reclusos dado que "cumplen condena por pertenencia a una organización terrorista que aún no se ha disuelto".

El final de la dispersión de los presos ha sido una de las reivindicaciones políticas más antiguas en el entorno de la banda desde que esta medida se pusiera en marcha hace 25 años.

ETA decretó un cese definitivo de la violencia en octubre de 2011, después de causar la muerte de más de 820 personas en 40 años de atentados para conseguir un estado vasco independiente en las provincias vascas de Francia y España.

Desde entonces, el Gobierno central ha exigido a ETA que anuncie su disolución definitiva.

El que fuera viceconsejero de Justicia con el Gobierno de Juan José Ibarretxe, Joseba Azkarraga, ahora alejado de la política pero integrante de la plataforma Sarea (Red) que reivindica el fin de la dispersión carcelaria, no ve ninguna posibilidad en que el Ejecutivo español cambie su actitud de denegar beneficios penitenciarios, que según él son factibles para el resto de los presos y que se emiten sin ningún "criterio jurídico".

"Tengo más confianza en la labor que puedan desarrollar los jueces que en la que pueda hacer el Gobierno español, que está absolutamente inmóvil", dijo a Reuters Azkarraga.

Azkarraga parafraseó al juez de la Audiencia Nacional Ricardo de Prada, quien en un curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid dijo que las condenas a miembros de ETA habían sido desproporcionadas, o que no es exigible la petición de perdón, aunque sí la de reconocer el daño causado.

De forma similar opinó el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, a cuyo despacho llegarán posiblemente buena parte de los recursos que interponga el colectivo de presos de ETA. En el mismo curso de verano, Castro dijo que los beneficios penitenciarios que estipula la ley son un derecho de los internos y eso incluye el acercamiento y los permisos de salida.

"Hay jueces que están hablando de un nuevo tiempo, de que la ley debe amoldarse a ese nuevo tiempo y que no se pueden mantener excepcionalidades", añadió el exconsejero vasco.

También en Francia, los presos de ETA allí recluidos (en torno a 100) han comenzado a solicitar su acercamiento a la cárcel de Mont de Marsans, la más cercana al País Vasco.

De momento y, según los informes de Etxerat (la asociación de familiares y amigos de presos de ETA) entre mayo y junio dos reclusos han sido trasladados a la citada prisión.

"INCUMPLIMIENTO" Y ESCEPTICISMO

Mientras, en el País Vasco, el PNV y el Gobierno por una parte, y la izquierda 'abertzale' representada en el partido político Sortu por otra, han hecho del tema un objeto de confrontación.

Esta semana, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, aseguraba que los presos de ETA no están cumpliendo con lo dicho en su comunicado de diciembre y les acusaba de seguir atenazados por las directrices la banda.

Puso como ejemplo a seguir el de Asier Arronategi, un preso de ETA arrepentido puesto en libertad condicional el pasado 27 de junio tras cumplir seis años de una condena que finalizaba en 2015, y que manifestó ante notario su rechazo a ETA y su compromiso a colaborar activamente con las autoridades.

Desde Sortu, por su parte, denuncian lo que califican como "medidas de excepción" que sufren los presos de ETA, y que según ellos se reflejan en que una mayoría de los 475 presos contabilizados se encuentran a más de 400 kilómetros de sus lugares de origen o en que 12 presos con enfermedades graves continúan en prisión.

Al margen del "rifi rafe" político, la opinión de la sociedad vasca expresada en el último Euskobarómetro - el estudio que realiza la Universidad del País Vasco - mostró que un 75 por ciento de los encuestados valoran negativamente la gestión que está realizando el Gobierno del Partido Popular en relación al fin de ETA.

En el País Vasco, y entre las partes implicadas en resolver un final ordenado de ETA, manda el escepticismo.

Si el exconsejero de Justicia Azkarraga prevé que deberán ser los jueces quienes decidan en último término ante la ausencia de movimientos en la política, el coordinador del movimiento social Lokarri, Paul Ríos, muestra una desconfianza similar.

"No se percibe ningún avance ni hay previsión de que vaya a haberlo en los próximos meses. Pero tampoco nos pilla de sorpresa", señaló a Reuters. (Información de Arantza Goyoaga; Editado por Raquel Castillo)

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