08/20/2014

Argentina defiende cambio de jurisdicción de pago de sus bonos

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(Agrega reacción de Aurelius, actualiza datos de mercado)

Por Alejandro Lifschitz

BUENOS AIRES, 20 ago (Reuters) - El Gobierno argentino aseguró el miércoles que su propuesta de pagar sus bonos bajo legislaciones extranjeras en Buenos Aires no implica un cambio en las reglas de juego y aseguró que busca proteger a sus acreedores atrapados en la disputa judicial que llevó al país a un nuevo default.

La medida es un intento por sortear una orden del juez de Nueva York Thomas Griesa, quien bloqueó los pagos de la deuda argentina en el exterior hasta que el país compense con más de 1.330 millones de dólares a fondos de cobertura que lo demandaron por su cesación de pagos del 2002, a lo que la administración de la presidenta Cristina Fernández se niega.

La orden judicial impidió a Argentina honrar los intereses de un bono Discount a finales de julio, hundiendo al país en un nuevo default justo cuando su economía se encuentra en recesión y sufre una elevada inflación que ya golpeó la actividad.

La decisión de Argentina, que se plasmó en un proyecto de ley anunciado en la noche del martes por Fernández, implica cambiar el lugar de pago de sus bonos emitidos en los canjes de deuda del 2005 y el 2010, en los que la mayor parte de los acreedores aceptó fuertes quitas a cambio de recibir títulos que el país ha venido honrando regularmente.

El país sudamericano también decidió abrir un canje de deuda voluntario para que los acreedores con papeles bajo legislaciones extranjeras puedan recibir títulos regidos por ley argentina en los mismos términos.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que los contratos de los bonos emitidos en las dos reestructuraciones permiten al país cambiar el canal de pago. Pero el funcionario aclaró que el Gobierno argentino está dispuesto a escuchar propuestas alternativas de parte de los tenedores de bonos.

"Esta ley no es compulsiva, les permite actuar a los bonistas también, que son los que no están cobrando. Entonces, lo que decimos es 'les vamos a pagar de esta manera si es que antes no surge otra opción gatillada por los propios bonistas que tienen intereses'", afirmó el funcionario.

Una alternativa es que los bonistas convoquen a una asamblea de acreedores para modificar el procedimiento de pago de los títulos y así evitar que los fondos sean distribuidos a través de Nueva York. Para esto hace falta una mayoría especial.

Otra opción es lograr que una cámara de apelaciones bloquee la orden de Griesa.

En todo caso, algo debería suceder antes del 30 de septiembre, cuando el país debe pagar en el exterior unos 200 millones de dólares por un vencimiento de su bono Par.

Los títulos Discount retrocecían un 3,14 por ciento en el mercado extrabursátil en Buenos Aires a 81,65. En tanto, el peso en el mercado negro, un termómetro de la confianza de los ahorristas en la economía, cayó un 2,4 por ciento a un mínimo histórico de 13,55 por dólar.

PAGO VÍA ARGENTINA

El proyecto enviado al Congreso dispone que el Gobierno pagará en Buenos Aires a través del estatal Banco Nación a los tenedores de bonos Discount, Par y Global 2017 emitidos bajo leyes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón.

Hasta ahora, esos títulos, que suman un capital de alrededor de 29.000 millones de dólares, eran abonados en Nueva York a través del Bank of New York Mellon (BONY), con el cual Argentina decidió rescindir su contrato como agente de pagos por haber acatado el bloqueo dispuesto por el juez Griesa.

El Discount perdía 1,9 centavos de dólar a 80,51 en Londres.

Si consideran que hay un cambio en las reglas del juego, los tenedores de bonos reestructurados podrían ejercer una cláusula que les permitiría recuperar sus inversiones anticipadamente.

El Gobierno, que tuvo que imponer un control de cambios y limitar las importaciones para frenar la caída de las reservas del Banco Central, carece de recursos para cancelar por anticipado su deuda bajo leyes extranjeras y ya adelantó que frenaría en la justicia cualquier intento de obligarlo a hacerlo.

"Ya sabemos quiénes son los delincuentes (en alusión a los fondos buitres). Si ahora quieren forzar una aceleración de toda la deuda junta en un solo pago, ningún país del mundo lo puede hacer", dijo Kicillof en referencia a cancelar toda la deuda a la vez.

Se espera que el Congreso apruebe el proyecto de ley antes de que Argentina enfrente un vencimiento de su bono Par el 30 de septiembre. El debate legislativo comenzará la próxima semana en la Cámara de Senadores.

Las negociaciones para lograr un acuerdo entre Argentina y sus demandantes, liderados por los fondos NML y Aurelius, fracasaron a finales de julio.

Aurelius dijo el miércoles que los dirigentes de Argentina se están comportando como "bandidos".

"Los líderes de Argentina han literalmente elegido ser bandidos. Ellos han desobedecido crónicamente fallos de las cortes de Estados Unidos, mentido a nuestras cortes, y proclamaron un completo desdén por nuestras cortes", señaló Aurelius en un comunicado.

Griesa había ordenado recientemente a las partes volver a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero el Gobierno argentino dijo que no estaban dadas las condiciones porque asegura que el mediador designado por el magistrado beneficiaba a los fondos a los que el país califica de "buitres".

El juez estadounidense podría declarar a Argentina en desacato por no cumplir con su orden, aunque el Gobierno del país austral dijo que una decisión de este tipo sólo sería declamativa y no tendría consecuencias reales.

El cambio de jurisdicción de bonos también implica un desafío legal para los inversores institucionales, dado que algunos de ellos no están habilitados para asumir el riesgo que implica tener bonos bajo otra ley que no sea estadounidense o europea.

El proyecto de ley argentino también dispone que el país deposite en el agente de pagos los fondos que le corresponderían a los acreedores "holdouts" si hubieran participado de los canjes del 2005 y el 2010.

Hasta ahora, esos acreedores, con tenencias calculadas en unos 10.000 millones de dólares, han rechazado reestructurar sus títulos a cambio de quitas. (Con reporte adicional de Nicolás Misculin; Editado por Javier López de Lérida y Pablo Garibian)

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